Aunque la diputada Iris Aguirre Borrego consideró que se aprobó el “suicidio asistido”, los diputados por una amplia mayoría aprobaron la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Zacatecas, que busca normar el derecho de las personas a decidir si, en caso de padecer alguna enfermedad terminal o incurable, quieren recibir o no tratamientos que alarguen su vida.

De esta manera, Zacatecas se convirtió el estado número 13 en aprobar una ley de Voluntad Anticipada.

La diputada Iris Aguirre llamó a esto aprobar un “suicidio asistido”, y dijo conocer muchos casos donde personas con enfermedades terminales han logrado salir, restituirse y obtener la sanidad, “es una pena y una lástima que se les quiera dar la muerte antes de tiempo, no estoy de acuerdo”.

La diputada Lorena Esperanza Oropeza Muñoz lamentó que exista una confusión de esta naturaleza al pensar que esta ley avala la posibilidad de una eutanasia pasiva o activa, o un suicidio, es necesario leer integralmente la iniciativa, analizarla, reflexionarla, y ver que en ninguna parte de la propia ley se señala esta posibilidad.

Dijo estar consciente que un enfermo necesita morir dignamente, por eso dijo estar a favor de la voluntad anticipada, porque actualmente en el estado no se da esa posibilidad jurídica, aunque sea un derecho de la persona, de morir dignamente.

No se trata de eutanasia ni de suicidio, se trata de dignidad, de darle a la persona la posibilidad de morir dignamente, de darle a la persona y a sus familiares, el estar tranquilos, estar en paz, y no es atentar contra la voluntad, es tener esas posibilidades de salud y jurídicas que permitan a la persona estar bien para vivir o para morir.

La diputada Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre explicó que la voluntad anticipada no es acortar ni alargar la vida, sino respetar el momento preciso de la muerte.

 

La ley expone en la fracción primera del artículo 7, entre los derechos que adquirirá la persona que haga uso de la voluntad anticipada estaría el de no someterse a la aplicación “de medios extraordinarios, agresivos y desproporcionados cuando se encuentre en una enfermedad terminal o incurable y que sólo prolonguen artificialmente su vida, donde el estado de inconsciencia del paciente se juzgue irreversible o no exista alguna expectativa razonable de recuperar la salud”.

 

Así como el derecho a la vida es un bien supremo e inalienable de todas las personas, éste también debe estar armonizado con los derechos de autonomía, autodeterminación y libertad.

En respeto a la dignidad de la persona, la vida no puede mantenerse en cualquier circunstancia y a cualquier costo, pues ese bien, conlleva al derecho de vivir en condiciones de dignidad, haciendo patente el derecho constitucional a la autodeterminación desde el inicio hasta el fin de la vida. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, diputada

En este sentido, el eludir el tema de la muerte es actualmente una constante de la sociedad.

Sin embargo, es necesario que el Estado genere políticas públicas que “permitan una definición y determinación voluntaria de aquellas personas que, por infortunio, padecen una enfermedad terminal o que cualquier ciudadano en plenitud de sus facultades mentales y en ejercicio de su autonomía, tenga la posibilidad de apegarse a una Ley de voluntad o directrices anticipadas”.

La propuesta inicial fue de la diputada Norma Angélica Castorena Berrelleza, que plasma la importancia de que se mejore la “asistencia al moribundo” con prácticas de cuidados paliativos que se centren en la dignidad humana, más que en una visión únicamente “curativa”.

Asimismo, expresó en la exposición de motivos que la finalidad de esta iniciativa es la de “afirmar la vida y ayudar a reconocer que la muerte es un proceso natural donde se debe preservar la dignidad de la persona hasta que ésta suceda”.

En este sentido, es importante que se le otorgue al paciente “el poder de decidir lo más posible” por lo que consideró que “es necesario combinar el uso de técnicas terapéuticas y el respeto a la dignidad del ser humano en los estados terminales de la vida. La voluntad anticipada es un ejemplo de humanizar el uso de la ciencia pues permite con antelación cumplir con los deseos que la persona pide se le brinden cuando ha perdido la conciencia y la capacidad por un proceso patológico”.

La diputada Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre dijo que los avances tecnológicos han contribuido a incrementar la expectativa de vida del ser humano, incluso en las postrimerías de la vida, los médicos aplican un sinfín de tratamientos para evitar que el paciente muera y evadir responsabilidades legales.

Pero una muerte digna ante una enfermedad terminal o ante un hecho catastrófico puede ser posible a través de la Ley de Voluntad Anticipada.